La imposición de un pacto social
El franquismo tuvo el acierto, el poder y los medios para comprar, absorber, aglutinar y corresponsabilizar de la nueva situación «democrática» a toda una clase política ansiosa por recibir prebendas, cargos y negocios. Sin olvidar una no menos inteligente política de institucionalización de antiguas y nuevas organizaciones sindicales cuyos dirigentes se aplicaron con ansias renovadas a la burocratización con cargos remunerados, al apaciguamiento de unos trabajadores que esperaban más y más y al engaño y a la estafa bajo diferentes ideales. En definitiva, estaban dando por bueno el postfranquismo y pactaban con él.
En medio de una fuerte conflictividad social tuvo lugar el 25 de octubre de 1977 la firma de los Pactos de la Moncloa. Estos acuerdos fueron firmados en el Palacio de la Moncloa entre el Gobierno de España, presidido por Adolfo Suárez y los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Estos pactos supusieron la imposición definitiva -por parte las elites políticas y económicas- de la reforma política sobre la ruptura con el franquismo.
Los pactos fueron aprobados por el Parlamento el día 27 del mismo mes y podían dividirse en dos paquetes: el político (Programa de Actuación Jurídica y Política) y el económico (Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía). El económico a su vez podía dividirse en las medidas urgentes (contra la inflación y el desequilibrio exterior) y las reformas necesarias a medio plazo para repartir los costes de la crisis (ya que no sería bonito que pagasen sólo los que habían estado robando durante 40 años).
Los firmantes de los Pactos de la Moncloa que condenaron a la clase trabajadora.
De izquierda a derecha: Enrique Tierno Galván (PSP), Santiago Carrillo (PCE), Josep
María Triginer (PSC), Joan Reventós (CSC), Felipe González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV),
Adolfo Suárez (UCD), Manuel Fraga (AP), Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) y Miquel Roca (CiU).
Con anterioridad, Adolfo Suárez había sostenido conversaciones con Felipe González (PSOE) y Santiago Carrillo (PCE), después de constituirse las Cortes Generales tras las elecciones del 15 de junio de 1977, con el fin de sondear la posibilidad de un acuerdo de estabilidad.
La demagogia y la política del miedo también jugaron un papel importante. Según Santiago Carrillo, con el acuerdo se iba a sacar al país de la crisis en el plazo de un año y medio; mientras que otros personajes del momento aludían al riesgo de un posible golpe de estado si no se alcanzaban unos acuerdos de mínimos.
De cualquier manera, mientras los partidos socialista y comunista pudieron implantarse en el nuevo escenario político, el movimiento sindical fue dejado al margen de la reforma, como meras correas de transmisión. Materias cruciales que afectaban a la capacidad de los nuevos sindicatos para reclutar afiliados y negociar fueron subordinadas al establecimiento de la estructura política de la nueva democracia parlamentaria.
El Ministro de Economía y Hacienda, Enrique Fuentes Quintana, trató de llegar a un acuerdo con los sindicatos para que aceptasen la moderación salarial y el equilibrio presupuestario y así poner freno el alto nivel de conflictividad social. Incialmente, la UGT y la CNT rechazaron el acuerdo, así como también algunas secciones sindicales de Comisiones Obreras.
Consecuencias de los Pactos de la Moncloa
Los Pactos de la Moncloa crearían las condiciones sociales para la Constitución de 1978, que consagraría la inviolabilidad de la propiedad privada de los medios de producción y la economía de mercado. Si la futura Constitución tenía una gran importancia en lo que se refería a establecer las reglas básicas del juego político, el pacto social tendría una importancia también trascendental, ya que sería lo que permitiría reconstruir la paz social y la disciplina en el mundo del trabajo español. Algo sin duda imprescindible en un país en donde la clase obrera había adquirido una gran capacidad de autoorganización capaz de sobrepasar a comités y burocracias sindicales, que era consciente de su fuerza real y que había adquirido una considerable experiencia de lucha en las condiciones extremadamente duras de los últimos años del franquismo. El pacto social era la herramienta necesaria para restablecer una situación de sometimiento, imprescindible para afrontar una crisis económica que se pensaba resolver con un ajuste duro que, por supuesto, debían pagar los trabajadores.
Hay que destacar que una parte fundamental de estos acuerdos sería como controlar al movimiento obrero y a los sindicatos al margen de CCOO y UGT, es decir a la CNT. Fue aquí por lo tanto donde se creó y preparó la colaboración de clases (concertación social), para lo que se tomó como ejemplo la socialdemocracia alemana. Finalmente se llegaría a un acuerdo sobre la negociación colectiva y la representación sindical con CCOO y la UGT.
Con los Pactos nacían los comités de empresa (sindicalismo de nuevo tipo) nefastos para la lucha no sólo en lo económico, sino también en lo organizativo y unitario como clase, ya que parcializaban las luchas empresa por empresa, cuando las luchas y las reivindicaciones eran globales. En realidad, los comités de empresa eran (y son) de naturaleza antisindical, puesto que la actividad sindical sólo consistía en depositar un voto en una urna cada cuatro años, y los trabajadores -supuestamente representados en su conjunto por el comité- no sentían la necesidad de organizarse para luchar por sus intereses.
En el terreno político, entre otras cosas, se acordó modificar las restricciones de la libertad de prensa y la legislación sobre secretos oficiales para permitir a la oposición parlamentaria el acceso a la información; se aprobaron los derechos de reunión, de asociación política y la libertad de expresión mediante la propaganda, tipificando los delitos correspondientes por la violación de estos derechos; se creó el delito de tortura; se reconoció la asistencia letrada a los detenidos y se despenalizó el adulterio y el amancebamiento.
En materia económica destacaba la flexibilización del régimen laboral, a través de mecanismos de contratación temporal (sobre todo de jóvenes) y mayores facilidades para el despido de personal, reconociéndose el despido libre para un máximo del 5% de las plantillas de las empresas; el derecho de asociación sindical; fijación en el 22% del límite de incremento de salarios (inflación prevista para 1978); reforma de la administración tributaria ante el déficit público y medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior.
Se acordó mantener el aumento de los salarios por debajo del nivel de inflación, lo que supuso un recorte del 7% del nivel de vida de los asalariados. A cambio, se prometieron algunas reformas sociales y económicas las cuales tardarían en llegar y otras nunca llegarían. Este fue el caso, por ejemplo, de la promesa de restituir a los sindicatos el «patrimonio sindical» -el enorme patrimonio acumulado por el sindicato vertical durante casi cuarenta años a través de la confiscación de las propiedades de UGT y CNT y las cuotas obligatorias de empresarios y trabajadores- proceso que se demoraría durante largos años.
Con los Pactos de Moncloa se abría una nueva línea de acción sindicial, basada en el acuerdo, pero también en el secretismo de las negociaciones, que hurtaba a las masas el protagonismo condenaba a la marginación a quienes no se sumbaban a estos acuerdos.
La CNT se opuso a estos acuerdos desde un primer momento, consciente de que representaban un coste muy elevado para la clase obrera, no sólo por la pérdida de derechos económicos y sociales para los trabajadores, sino también porque pretendían dar por cerrado el proceso de reforma política, poniendo punto final a las aspiraciones rupturistas y revolucionarias. La crítica anarcosindicalista a los Pactos representaba una amenaza tanto para las medidas de reajuste económico, que hacían recaer el peso de la crisis sobre una clase trabajadora combativa como la española, como para el modelo sindical impuesto.
Oposición frontal de la CNT
Durante él ultimo tercio de 1977 la CNT fue construyendo una convergencia de las fuerzas sindicales y sociales que estuvieran contra el Pacto de la Moncloa y que en algunos momentos hizo dudar hasta las dinámicas sindicales de los aparatos y las cúpulas de CC.OO. y UGT.
En este contexto, el Comité Regional de Cataluña de la CNT tomó la iniciativa de proponer a los Comités de Cataluña de UGT y CC.OO., la formación de una mesa de análisis y discusión crítica conjunta del Pacto de la Moncloa. De estas jornadas que las delegaciones de los tres sindicatos catalanes desarrollaron durante el mes de septiembre y octubre de 1977, surgió el acuerdo de convocar a una manifestación en contra de los Pactos de la Moncloa, que tuvo lugar en Barcelona en octubre, y en la cual participaron 400.000 trabajadores. Fue este el primer y último acto unitario del movimiento obrero durante toda la transición.
De lo que se trataba con la manifestación era de desbaratar el pacto entre el estado y el conjunto de la burguesía que pretendía poner en cintura al conjunto del movimiento obrero español y disciplinarle al plan de estabilidad. Es decir, que se resignara a perder todo lo conquistado en la lucha contra el franquismo para recomponer las condiciones de la explotación de trabajo ajeno. La burguesía sabía que sin este consentimiento del movimiento obrero, la transición al chollo de la democracia era imposible.
Y la gravedad del asunto no estribaba tanto en el propio radicalismo de la CNT, sino en que ésta había conseguido que su razón política gravitara sobre las secciones catalanas de UGT y CC.OO, haciendo posible que esa cualidad reivindicativa suya se trocara en cantidad superando las limitaciones ideológicas y organizativas del movimiento obrero en Cataluña. Por lo que ante la manifestación de 400.000 personas recorriendo las calles de Barcelona en octubre de 1977, saltó la alarma entre la patronal de que lo ocurrido en Cataluña se extendiera por el resto del país como una mancha de aceite. Fue cuando la partidocracia burguesa de derecha e izquierda se puso a temblar, decidiendo cortar esta movida a sangre y fuego, utilizando todos los medios, incluidos los ilegales, para evitar que el movimiento obrero a escala nacional se alzara unido contra el proyecto de la burguesía y del gobierno.
Las protestas en contra de los Pactos de la Moncloa tuvieron una gran extensión, reflejando la oposición de los trabajadores a pesar del papel que jugaban las direcciones sindicales de UGT y CCOO fuera de Cataluña. A lo largo de todo el mes de noviembre se celebraron grandes manifestaciones en las principales ciudades del país.
Manifestación en Valencia contra los Pactos de la Moncloa.
Así fue cómo lo primero que acordaron hacer los demócratas cerrando filas en torno al gobierno postfranquista, fue aislar a la CNT para conseguir que las disidentes cúpulas catalanas de UGT y CC.OO. volvieran al redil de la transición pactada. Los dirigentes de CCOO no tardaron mucho en seguir vergonzosamente la postura de Carrillo, haciendo todo lo posible por desmovilizar y desilusionar a los trabajadores. La dirección de UGT, que inicalmente había rechazado la idea de un pacto social, tanto antes como después de las elecciones de junio de 1977, comenzó a retroceder, manteniendo una postura más ambivalente y afirmando que el PSOE había obtenido mejoras en las condiciones de los acuerdos.
La CNT se estaba quedando sola en la batalla y pasó a ser el único gran sindicato que nucleaba un frente contra el pacto social en el que se agrupaba buena parte de la izquierda radical, otros sindicatos de corte asambleario y algunos movimientos sociales. Pero lo que convertía a la CNT en un peligro potencial no era su fuerza en aquel momento, sino su posible capacidad para encauzar el descontento social que inevitablemente iba a producirse.
En estos años creció desorbitadamente el desempleo y se produjo un fuerte incremento de la carestía de la vida. La calidad de la vida de los trabajadores y de las clases populares sufrió un importante deterioro, que no tenía la debida respuesta porque las fuerzas mayoritarias de la izquierda ya habían aceptado el pacto político y social y no deseaban poner en peligro lo logrado. En estos momentos se percibía con claridad la posibilidad de un golpe de estado militar que devolviera al pais a la situación anterior. Ante esa disyuntiva la izquierda mayoritaria prefirió pactar para conservar lo conquistado y el precio fue hipotecar la fuerza de los trabajadores y renunciar a la posibilidad de crear un sindicalismo fuerte y autónomo.
En diciembre de 1977 el gobierno de Suárez decretó la nueva ley de elecciones sindicales para determinar la representatividad de los sindicatos. La no delegación de las responsabilidades a través del voto llevaba a la CNT, lógicamente, a no aceptar las elecciones sindicales, que además constituían (y constituyen) la puerta de entrada a toda la corrupción sindical: subvenciones, liberados, cargos remunerados, ejecutivismo, etc.
CNT lideraba un gran movimiento social y cultural que no encajaba en el sistema que se estaba configurando. Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT, en perfecta sintonía con los criterios del PCE y el PSOE, terminarían asumiendo los Pacos de la Moncloa incluso con entusiasmo y hasta lo proclamarían como una gran victoria de los trabajadores. Por todo esto, no se podían dejar cabos sueltos que pudiesen poner en peligro el programa económico pactado por los partidos políticos y poco después asumido por sus sindicatos correspondientes.
Y entonces llegó el 15 de enero de 1978, día en el que la anarcosindical había convocado una nueva manifestación en Barcelona contra los Pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales y a la que acudirían unas diez mil personas.
Poco después de finalizar la manifestación, la sala de fiestas barcelonesa «Scala» comenzó a arder a causa de un artefacto explosivo; cuatro empleados fallecieron, de los que tres eran afiliados a la CNT. No pasó mucho tiempo hasta que los servicios de polícia acusaron al movimiento libertario de estar detrás del incendio, lo que dio comienzo a una campaña de acoso, desprestigio e intoxicación contra la CNT, amplificada por los medios de comunicación.
El caso Scala marcaría un punto de inflexión para el anarcosindicalismo y con el comenzaría la crisis de la CNT y del anarquismo español en general. La pesadilla había comenzado.
Pero para el sindicalismo subvencionado la fiesta no había hecho más que conenzar con el primer reparto del pastel. Al día siguiente de la manifestación, entre el 16 de enero y el 6 de febrero de 1978, se celebrararon las primeras elecciones sindicales a comités de empresa -CNT mantendría su acuerdo de no participar- donde CCOO y UGT obtuvieron en conjunto más del 70% de los delegados. Aún así, se produjo una notable abstención, mucha de la cual provino del boicot que la CNT realizó. La abstención se calculó entre un 20% y una 60% en Cataluña según el ramo, entre un 20% y un 40% en Valencia y de un 20% a un 30% en el resto del país.
A través de la financiación estatal que recibían por la representación obtenida, los privilegios concedidos como «sindicatos más representativos» y la restricción creciente de los derechos democráticos internos de la afiliación, se fue fortaleciendo una burocracia dirigente, cada vez más independiente de la base afiliativa y de los trabajadores, y más dependiente del aparato estatal y de la patronal. Las huelgas, a diferencia del período anterior, se daban ahora sólo por motivos económicos y, a pesar de que las direcciones sindicales habían aceptado los topes salariales, muchas movilizaciones se enfrentaron a la pérdida de poder adquisitivo provocada por los Pactos de la Moncloa. Se produjeron varias huelgas generales en la construcción y en el metal. Sin embargo, el número de jornadas de huelga disminuyó sensiblemente en relación con los años anteriores.