La vuelta a la legalidad y la reorganización del proletariado
Tras la aprobación gubernamental de la ley de Asociaciones de 1881 y resuelto el debate entre los partidarios de la legalización y la clandestinidad, apenas transcurridos siete meses de la disolución de la FRE, en septiembre de 1881 se celebró el I Congreso, de nuevo en el Teatro del Circo de Barcelona, para la reconstitución de una nueva Federación de Trabajadores puramente española.
Tal y como contó Anselmo Lorenzo en sus memorias, quien poco antes había sido expulsado de la anterior FRE:
«Al tétrico aspecto de un conventículo reunido en un saloncillo de un café de Gracia, en un día lluvioso y triste de febrero, donde unos hombres poseídos de odios mezquinos contra un compañero, acumulaban acusaciones calumniosas, sucede la reunión magna del Teatro del Circo de Barcelona, en el mismo que se celebró el primer Congreso obrero de España, creador de la Federación Regional Española de La Internacional, en un día de esplendidez otoñal, en que numerosa reunión de delegados, en representación de muchas entidades obreras, casi todas las que contituyeron la disuelta Internacional y muchas otras más, se entregaban a las expansiones del entusiasmo, animadas de confortable esperanza en la emancipación social del proletariado.»
Quedó así constituida la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). La nueva Federación puramente española no renegó ningún principio de los sostenidos por la antigua FRE de la AIT.Aún así, a pesar del entusiasmo que mostraron los jóvenes que se acercaron al Congreso constituyente de Barcelona, los internacionales de 1870 no dejaron de experimentar un sentimiento desagradable al verse circunscritos por los Pirineos; al considerar que el eco de sus acuerdos no repercutían en los grandes centros obreros europeos.
«Nada hice en mi defensa; sobre todo tuve especial cuidado en no ofender a nadie, y así pasé tres o cuatro años en una especie de retiro, que me sirvió de descanso, dedicado al estudio, preparándome para futuras campañas, confiado en que aquel turbión pasaría, y con un ambiente renovado podría dedicarme a la lucha por la conquista del ideal.
Hay que señalar que fue en esta época cuando definitivamente se disolvió la Alianza Internacional de la Democracia Socialista en España.
A las reivindicaciones proletarias, que en un principio causaron tanta alarma entre los privilegiados como expansiva alegría entre los desheredados, sucedió la adopción de leyes y medidas represivas, y, si no la antigua tranquilidad estacionaria, sobrevino una desesperante neutralización de los esfuerzos de los beligerantes en la lucha social.
Pero el impulso estaba dado, la calma era ya imposible, y lo que no pudo lograrse como resultado de un conocimiento y de una voluntad de la colectividad, podía esperarse de los azares de la lucha y de la casualidad de la aparición de campeones más o menos inteligentes y enérgicos, capaces de sacudir la pesada apatía popular. Ello es que el antiguo concepto de la paz social, encubridor de un estado de iniquidad insostenible, había totalmente desaparecido; el retroceso era imposible.
El privilegio estaba amenazado y la amenaza podía ya considerarse como una sentencia de muerte dictada por el proletariado, a causa de haberle considerado reo de todos los crímenes, verdugo de todas las víctimas y causante de todas las penas.
Si como entidad organizada el proletariado no había obtenido aún grandes ventajas en concepto de la resistencia, había alcanzado lo más difícil e importante: la determinación de un pensamiento, de un objetivo, que le servía de orientación y de ideal, y era a la vez solución al problema social planteado por la civilización moderna.
En Barcelona el anarquismo de esos años tuvo un foco seguro en la gran imprenta «La Academia», regenteada por Farga Pellicer. Gracias a las cualidades de éste en su arte, a la elección de sus colaboradores y a la actitud recta del republicano federal Evaristo Ullastres, el dueño, se pudo producir un número importante de buenas publicaciones anarquistas: Historia liberal del siglo XIX, La Tramontana, Acracia, la Asociación de la Sociedad de obreros tipógrafos de Barcelona, etc.
A pesar de las corrientes disgregadoras, la FTRE creció como la espuma (con la misma facilidad corrió su decadencia) y en 1882 se celebró su II Congreso en Sevilla. En septiembre de 1882 contaba con 663 secciones y un total de 57,934 afiliados. El trabajo de la FRE no había caido en saco roto y la implantación de la Federación era aplastante, si se comparaba con la de las intentonas por entonces marxistas (PSOE).
Un grave problema que se dio a o largo de la corta historia de la FTRE fue la falta de capacidad de reacción, lo que provocó serios descontentos. Este quietismo fue pronto determinado por la situación agraria en Andalucía, donde la miseria hacía estragos.
La represión sobre el proletariado andaluz y las disidencias
En el seno de la Federación continuaban las tensiones, ya heredadas desde la FRE, entre quienes defendían la clandestinidad frente a la actuación pública y legal. Para colmo sobrevino la enorme persecución gubernamental, los arrestos de miembros de todos los matices de organización, de la Comisión comarcal de la Andalucía del Oeste misma y un procedimiento cruel por varios procesos, todo para disfrute del público y la Prensa, bajo el velo del pretendido descubrimiento de una sociedad terrorista: La Mano Negra.
Los sucesos de la La Mano Negra golpearían seriamente la frágil estructura de la organización, desencadenando un proceso de desacreditación pública y represión gubernamental sobre la FTRE, a lo que ésta inicialmente respondió:
Cuando la prensa burguesa, desde la más reaccionaria a la más radical, publica terroríficas narraciones respecto de ciertos delitos que, si son verdad, ningún hombre honrado puede apadrinarlos; cuando se publican datos y noticias respecto de asociaciones secretas que según dicha prensa tienen por objeto el robo, el incendio y el asesinato; cuando en el Congreso tratándose de los anárquico-colectivistas hay quien no se ajusta a la verdad y pide su exterminio; y cuando con una perfidia indigna e infame se pretende confundir las justas, las legales y revolucionarias aspiraciones de la Federación de Trabajadores de la Región Española, con los delitos que dicen ha cometido La mano negra y otras asociaciones secretas; faltaríamos a nuestro deber si no PROTESTÁRAMOS en contra de las miserables calumnias de los asalariados de levita que con sus falsas delaciones, pretenden que los Tribunales o el Gobierno considere solidarios a 70.000 trabajadores de los delitos que puedan haber cometido algunos criminales comunes, delitos que somos los primeros en censurar, porque es muy probable que sus víctimas sean dignos y honrados proletarios.
Los hombres liberales y honrados comprenderán fácilmente el por qué de las maniobras de los periódicos conservadores de esa prensa servil que pide la represión y el exterminio de los honrados hijos del trabajo, y que sus hombres apadrinan a los secuestradores de oficio, a los irregularizadores de los fondos públicos y a tanto detentador de frac y corbata blanca que han reunido grandes fortunas amasadas con las lágrimas y la sangre del proletariado y estafando y esquilmando a la pequeña burguesía; pero dichos liberales no comprenden el porqué de ciertos periódicos, que tienen la osadía de llamarse democráticos y republicanos, hacen coro con los partidos de la reacción y enemigos de todas las libertades y derechos. Nosotros y todos los federados sabemos que dichos periódicos mal llamados democráticos y republicanos, nos odian y nos calumnian porque por una triste experiencia hemos comprendido que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos, y con el firmísimo propósito de conseguirla, nos hemos organizado como clase, y en organización distinta y opuesta a la de todos los partidos políticos proclamando nuestra política propia de la emancipación del trabajo. Nuestra línea de conducta ha producido gran desconcierto en las filas de los partidos burgueses; los más radicales y sedicentes revolucionarios quedan reducidos a un estado mayor con muchos jefes -que se odian mutuamente- y sin soldados que se sacrifiquen a sus deseos de mando, sinónimos de inmoralidad y lucro.
Ellos ya vieron con disgusto que los trabajadores anárquico-colectivistas catalanes, el 10 de Julio de 1881, convocasen a todos los de España al Congreso regional que se inauguró en Barcelona el 24 de septiembre de dicho año; que 140 delegados reunidos en solemne Congreso resolvieron por inmensa mayoría, constituir la Federación de trabajadores de la región española, aprobasen sus estatutos y un Manifiesto programa.
Que a pesar de que casi toda la prensa barcelonesa apeló a la difamación y a la calumnia, los acuerdos de tan importante Congreso fueron aceptados por muchos miles de trabajadores y que en cumplimiento de lo acordado: en noviembre se celebró en Valencia un Congreso público para constituir la Unión de constructores de calzado; en marzo uno en Reus y otro en Igualada para constituir las Uniones de manufactureros y de las industrias de alimentación; en mayo se celebró en Barcelona el cuarto Congreso de la Unión de constructores de edificios y en Madrid el Congreso de la Unión de obreros en hierro; en agosto se celebró también en Barcelona el Congreso de la Unión de Noógrafos, y antes y a continuación del Congreso regional de 1882, se celebraron en Sevilla los Congresos de las Uniones de sombrereros y trabajadores del campo. Ocho Congresos públicos de Uniones de oficios similes y diez Congresos comarcales se celebraron desde el Congreso regional de 1881 al regional de 1882; y en todos dichos Congresos se han proclamado de una manera pública y solemne la o.rganización y aspiraciones de los trabajadores anárquico-colectivistas de la región española; organización y aspiraciones proclamadas en miles de asambleas, reuniones y meetings que hemos celebrado.
Los que calumniaron al Congreso de Barcelona con el propósito de que los trabajadores continuasen sirviéndoles de escabel a sus ambiciones, ante la gran manifestación del trabajo llevaba a cabo por nuestra Federación en septiembre próximo pasado en el Teatro Cervantes de Sevilla, hubieron de confesar que los 754 delegados de los trabajadores discutían mejor y más solemnemente que muchos parlamentos de sabios burgueses, y bajaron la cabeza ante los datos estadísticos y acuerdos; y decimos bajaron la cabeza, porque ningún periódico burgués ha rebatido los irrebatibles argumentos aducidos en pro de la organización, línea de conducta y aspiraciones que hemos creído conveniente adoptar, en virtud del derecho escrito en la Constitución del Estado, en cuya confección no hemos, por cierto, intervenido.
Unos y otros comprendieron que una gran parte de la clase trabajadora agrícola e industrial piensa y siente, y al enterarse que en menos de un año se han organizado 10 Comarcas, 218 Federaciones locales, 663 Secciones y 57934 federados, cambiaron de conducta y la verdadera mano negra de la reacción empezó sus trabajos, trabajos indignos y criminales, con el santo propósito de deshonrar y perturbar a la más importante organización de trabajadores que a existido en España.
Mintiendo un revolucionarismo que no sentían y mezclando ideas justas y criminales, forjaron un programa para que alguno de sus instrumentos lo propagasen en el seno de la clase trabajadora a fin de conseguir de una manera hipócrita lo que no habían conseguido atacando de frente. Los perturbadores propósitos de sus instrumentos, pronto han sido conocidos. Denunciados a las Federaciones locales, una protesta unánime se levanta contra todo perturbador y de todo aquel que, con la capa de socialista revolucionario, intente cometer actos indignos de personas honradas.
A medida que la reacción continuaba secretamente sus jesuíticos trabajos, la prensa venal e hipócrita atacaba lo que sus prohombres fomentaban con su oro, con sus consejos o con sus brutalidades. En vista de tan censurable proceder, el 6 de enero, en la página 14 de la Crónica de los trabajadores publicamos la siguiente:
DECLARACIÓN
Cuando en España el Partido Republicano era el más radical, la prensa monárquica, pretendiendo deshonrar a la República, consideraba a muchos criminales como republicanos. Hoy, monárquicos y republicanos, conservadores unos y otros del inicuo orden social presente, se han unido, para que sus escritores asalariados lancen todo género de calumnias en contra de los socialistas, y muchísimos actos hijos de la miseria, que su egoísmo y explotación producen, siempre según dichos asalariados, son socialistas los que los llevan a cabo. Los sucesos de Córdoba, de Jerez y de otras localidades, han demostrado perfectamente que si los trabajadores hambrientos han arrebatado el pan o los comestibles para no morirse de hambre, no lo han verificado porque ningún periódico, comité, consejo o comisión socialista les haya aconsejado tales actos.
Conste, pues, que si los trabajadores anárquico-colectivistas aspiramos a la abolición de los Estados político-juridicos actualmente existentes y a la transformación de la propiedad individual de la tierra y de los instrumentos de trabajo, en propiedad colectiva lo efectuaremos cuando tengamos medios y poder para verificarlo por medio de la Revolución social; y no queremos, ni podemos, ni debemos hacer propaganda en pro de tan grande y justa transformación, ni por el robo, ni por el secuestro, ni por el asesinato. El que roba, siempre será un ladrón; el que secuestra, un secuestrador y el que asesina un asesino; lo mismo en la sociedad presente que en la del porvenir.
En el seno de la Federación de trabajadores de la región española no caben ni existen ladrones, secuestradores ni asesinos.
Conste así a los poderes públicos y sirva esta declaración de solemne mentís a la venal e hipócrita prensa burguesa que, con sus falsas delaciones, trata de manchar con su asquerosa baba a los hombres que, por ser proletarios somos honrados, dignos y revolucionarios.
Esta declaración que hace dos meses publicamos, no ha sido rechazada por ninguna de las 270 federaciones locales, ni por ninguna de las 836 Secciones, ni por ninguno de los 70.000 trabajadores que instituyen la Federación de trabajadores de la región española.
Nosotros nos hemos organizado con el mismo derecho que se han organizado todos los partidos políticos. Ellos se organizan para la conquista del poder político, y nosotros para abolir todos los poderes autoritarios.
Somos anarquistas, porque queremos el libre ejercicio de todos los derechos, y como éstos son ilegislables, no es necesario ningún poder para legislarlos y reglamentarlos.
Somos colectivistas, porque queremos que cada productor perciba el producto íntegro de su trabajo y no existan hombres que se mueran de hambre trabajando, y otros que sin trabajar vivan en la holganza y encenegados en la corrupción y en el vicio.
Y somos partidarios del grande y fecundo principio federativo, porque creemos que es indispensable para la práctica de los grandes y justos principios anárquico-colectivistas, la Federación económica; la libre federación universal de las libres asociaciones de trabajadores agrícolas e industriales.
Estas ideas que, en nuestro concepto, son las únicas que pueden regenerar a la humanidad entera, se han propagado en más de cien mil volúmenes, en cerca de dos millones de ejemplares de nuestros periódicos, en veintitrés congresos y en miles de asambleas públicas; y tan correcta ha sido nuestra conducta, que a pesar del odio que la burguesía nos profesa, no ha encontrado pretexto alguno para proferir contra ningún federado, ninguna pena aflictiva por la propaganda de nuestros principios.
Si hoy, en presencia del fecundo desarrollo de nuestra organización, y ante el temor de perder, en tiempo tal vez no muy lejano, irritantes e injustos privilegios, se pretende deshonrarnos para cubrir las apariencias de brutales persecuciones e injustas medidas excepcionales en contra de nuestra gran Federación de trabajadores, es necesario que no ignoren que su trama es demasiado burda y que su inmortal juego está descubierto; y conste una vez más, que nuestra Federación nunca ha sido partidaria del robo, ni del incendio, ni del secuestro, ni del asesinato; sepan también que no hemos sostenido ni sostenemos relaciones con lo que llaman Mano negra, ni con la Mano blanca, ni con ninguna asociación secreta que tenga por objeto la perpetración de delitos comunes.
Nosotros, al rechazar toda solidaridad con los que hayan cometido o puedan cometer hechos criminales, nos hacemos solidarios y aceptamos toda la responsabilidad de nuestros actos en la propaganda del socialismo revolucionario o de las ideas anárquico-colectivistas.
Tenemos el derecho de pedir a la prensa que cese en su indigna campaña y en sus lamentables confusiones, como tenemos el derecho de perseverar en nuestros propósitos justos, legales y revolucionarios mientras que por una ley no se reproduzca la irritante e injusta teoría de los partidarios legales e ilegales.
Firmes en nuestro derecho y convencidos de la bondad de la gran causa que defiende nuestra importante Federación, creemos que ningún federado dejara de cumplir con su deber y que todos propagaremos en pro de las ideas que han de emancipar al proletariado por medio de la más justa y de la más grande de las revoluciones; de la inevitable Revolución social, ineludible en su día por las leyes del Progreso.
A todos los amantes de la Verdad, de la Justicia y de la Moral, deseamos Salud, Anarquia, Federación y Colectivismo.
La Comisión Federal española.
Marzo de 1883.
A pesar de que los grupos anarquistas de la zona afirmaban no tener nada que ver con dicha organización y que las pruebas eran inexistentes (se presionó a varios falsos testigos para que declarasen en contra de los imputados e incluso se aceptó como prueba un papel encontrado bajo una piedra en medio del monte con la lista de integrantes de la Mano Negra), el estado llevó a cabo una durísima represión basándose en cuatro crímenes cometidos a finales de 1882 y los primeros meses de 1883. El resultado fueron quince campesinos condenados a muerte, de los cuales siete fueron ejecutados en la Plaza del Mercado de Jerez de la Frontera, el 14 de junio de 1884.
Ilustración de las ejecuciones de Jerez recogida en la prensa francesa.
Aunque durante muchos años se ha discutido la existencia de tal supuesta organización, actualmente la mayoría de historiadores están de acuerdo en que fue un montaje a modo de una imputación injustificada del gobierno de Sagasta para aplacar las revueltas en los campos del sur del pais y cortar las huelgas contra el sistema de contratación.
Fuera de Andalucía la Federación Regional no fue perseguida, pero no hizo tampoco actos de solidaridad con las víctimas en Andalucía. Cuando los prisioneros esperaban su ejecución, el III Congreso de octubre de 1883, celebrado en Valencia, declaró que rechazaba «toda solidaridad con los que se hayan organizado o se organicen para la perpetración de delitos comunes«, declarando que el criminal jamás podrá tener cabida en sus filas. Y protestó contra la confusión de su «organización pública, legal y revolucionaria, con otras organizaciones, o más bien pandillas, cuyos fines son censurables«.
Esa actitud fue motivada por el deseo de salvar a todo precio la organización en su vida pública total, y tal vez también debida a las grandes enemistades y odios entre los matices disidentes. Pero a esta delicada situación también habría que añadir la crispación que se generó, ya que una gran parte de los procesados eran partidarios de la FTRE.
El III Congreso en Valencia supuso el declive definitivo de la Federación.
El problema continuó en Arcos de la Frontera. A raiz de un pequeño Congreso secreto celebrado por disidentes de la FTRE en enero de 1883, en Sevilla, se constituyó otra organizacino secreta: Los Desheredados. Se cree que esta organización revolucionaria anarquista existió hasta 1886, sobre todo en Andalucía. En la época de su congreso de diciembre de 1884, en Cádiz, fue colectivista aunque su revolucionarismo de acción terrorista no tenía nada de libertario. En la segunda mitad de 1882 se dieron rebeliones del hambre, actos de terror agrario y actos de violencia y también la muerte contra traidores reales o anticipados. La Comisión Federal repudió todo esto por declaraciones y manifiestos, como el que sigue:
Compañeros: Hemos recibido dos hojas timbradas con un sello que dice «Los desheredados. Organización Revolucionaria Anarquista. Comité de guerra de la Región Española.» En el fondo de dicho sello y en forma de cruz hay grabado un puñal y una antorcha. Semejante publicación sólo puede ser hija del despecho o de una indigna maniobra de la burguesía a fin de dar pié a los poderes autoritarios para perseguir a los trabajadores federados: léanlas detenidamente aquellos de nuestros compañeros a cuyo poder llegaren tal vez las aludidas hojas y se convencerán de que es pura y simplemente una añagaza o artificio.
Conste pues: que en el seno de la Federación de Trabajadores de la Región Española no existe sección ni federación alguna que lleve el título que dejamos arriba indicado; que ninguna relación existe entre esta Comisión Federal y el sedicente “Comité de Guerra”: y que tenemos la seguridad de que todas las secciones, consejos y comisiones protestarán como nosotros protestamos contra los deplorables medios que ponen en juego los instrumentos conscientes o inconscientes de la reacción para perjudicar el grandioso desarrollo de las ideas ANÁRQUICO-COLECTIVISTAS, en la Región Española.
Llamamos así mismo la atención de los compañeros de las demás regiones para que no se dejen sorprender por los autores de los vituperables manejos que dejamos apuntados.
27 de Enero de 1883.
LA COMISIÓN FEDERAL.
Al mismo tiempo las secciones se vacíaban o desaparecían, ya fuera por las persecuciones, o por disgusto ante la actitud de la Comisión Federal.
Desaparición de la vida pública y disolución
Ante la imposibilidad de celebrar el próximo Congreso en septiembre de 1884, por causa de la epidemia de cólera, fue convocado un Congreso Extraordinario que se celebró en Barcelona los días 24 a 27 de ese mismo mes. Uno de los acuerdos más importantes de este congreso, propuesto por la Comisión Federal, fue la retirada de la vida pública de la FTRE debido a las persecuciones a que la organización pública era sometida por las autoridades.
Esta resolución, sin que fueran adoptadas las medidas para lograr la efectividad deseada, fue el golpe de muerte para la poderosa FTRE. De inmediato la oposición «ortodoxa» se puso en acción para contrarrestar la medida y salvar los últimos restos del naufragio. Para ello fue convocado un Congreso Regional en Madrid en mayo de 1885. Pero la Comisión Federal convocó a su vez otro Congreso Regional en Barcelona para el mes de julio. La escisión estaba servida; sin embargo no llegó a producirse.
Resultados de estos comicios fue la concesión de mayor autonomía a los congresos comarcales y también permitir que en aquellos lugares donde las Federaciones Locales no pudieran actuar a la luz pública, lo hicieran en la sombra. Aún así se seguía afirmando que la Federación de Trabajadores de la Región Española, en cuanto a organización, era pública.
Sin embargo, la decadencia era visible. Se decidió convocar un nuevo congreso en 1887, esta vez en Madrid. Los acuerdos de este congreso prefiguraron ya lo que sucedería un año más tarde: la división organizativa.
Previendo la muerte de la Federación, parte de los individuos que la constituían convocaron un nuevo congreso al cual serían invitadas todas las sociedades obreras para diseñar una estrategia de resistencia al capital. El nuevo congreso, denominado «amplio», se celebró en mayo de 1888, en Barcelona, y dio lugar a la creación de la Federación de Resistencia al Capital o Pacto de Unión y Solidaridad. Con ello se separaba la organización puramente económica de la organización política o social.
En respuesta, la Comisión Federal convocó el V Congreso, de nuevo en Valencia, en octubre de ese año en el cual se decidirá la disolución de la FTRE y la creación de la Organización Anarquista de la Región Española (OARE). Esta organiación estuvo compuesta de personas y grupos sin distinción de procedimientos revolucionarios, ni de escuelas económicas.
Antes de pasar a hablar de la OARE, hay que hacer mención al debate ideológico que por aquellos tiempos tuvo lugar en España, y más concretamente en el seno de la FTRE, entre los partidarios del anarco-comunismo y el anarco-colectivismo. De hecho, esta polémica alcanzó gran virulencia en el pais, hasta el punto de que fue una de las causas que provocó la crisis interna de la FTRE, su decadencia y finalmente su desaparición.
El Anarquismo Colectivista frente al Anarquismo Comunista
El anarco-comunismo (o comunismo libertario), había comenzado a ser teorizado por Kropotkin a mediados de la década de los setenta, siendo adoptado también por Malatesta, Cafiero y otros de forma independiente. A finales de dicha década había sido prácticamente asumido por el movimiento anarquista internacional, no sucediendo lo mismo en España.
La idea comunista libertaria había sido sostenida por primera vez en el congreso de Sevilla por Miguel Rubio, un trabajador sevillano antiguo miembro de la Alianza. Según sus propias declaraciones había llegado a las ideas comunistas a través del estudio detenido de los estatutos de la Alianza Internacional para la Democracia Socialista. Intentó propagar sus ideas con excaso éxito y acabó siendo calificado de «perturbador».
Las ideas anarco-comunistas se infiltraron en España por medio de la emigración política. La ola represiva que había comenzado en toda Europa contra el anarquismo a finales de la década de los años 70 y principios de la siguiente, en particular con el célebre proceso de Lyon en el que, junto a Kropotkin, fueron juzgados numerosos anarquistas de esa ciudad, del sudeste y de París, provocó una afluencia hacia España de refugiados que huían de la misma.
El primer órgano anarco-comunista en la prensa fue «La Justicia Humana», que comenzó a publicarse en abril de 1886 en Barcelona. Éste ya dejaba bien claras las diferencias que les separaban de sus oponentes anarco-colectivistas:
«Somos comunistas anárquicos y por consiguiente enemigos de la propiedad individual que los colectivistas determinan en el producto íntegro del trabajo de cada uno (…). De la escuela colectivista nos separa el que santifica la propiedad individual que resulta del trabajo de cada uno.»
Quizá la importancia de este periódico, además de abrir brecha en el camino de penetración del anarco-comunismo, radicó en la elaboración por primera vez en España de los planteamientos teóricos de los «grupos efímeros» que tanta importancia tendrían en el movimiento anarquista:
«En el artículo anterior hemos visto que los individuos podían llegar a agruparse y a entenderse en la organización que se originaría de sus relaciones diarias, sin que fuese precisa entre ellos la existencia de una autoridad, por el mero hecho de agrupamiento y reunión de las afinidades, de las mismas tendencias, del mismo objeto que se quiere conseguir.»
«La Justicia Humana». 25 de noviembre de 1886.
El escaso apoyo y arraigo de esta ideología en España en esos momentos, explicaría su corta duración: ocho números.
Cabecera de «La Justicia Humana». Último número.
Casi dos años más tarde, los anarco-comunistas volvieron a editar un periódico que alcanzó una más larga duración: Tierra y Libertad. El periódico se convertiría en el órgano «oficioso» de los grupos anarquistas y posteriormente pasaría a ser el órgano de la FAI.
Centrándonos en el debate, más esencial que la diferente concepción en cuanto a los fines, sería la divergencia que se establecía en el tipo de organización que era necesario estructurar para poder llevar a cabo las ideas que ambas partes sostenían.
Los colectivistas defendían que el trabajador era dueño del producto de su trabajo, siendo los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo propiedad de la colectividad, mientras que los comunistas eran partidarios de una distribución regulada por las necesidades de cada individuo. Pero los presupuestos colectivistas exigían necesariamente la formación de una comisión encargada de valorar el producto íntegro del trabajo que cada cual realizaba, lo cual comportaría la creación de instituciones y de una burocracia que sería la encargada de arbitrar los conflictos que casi indefectiblemente surgirían en ese campo. El resultado final, según los críticos anarco-comunistas, se diferenciaría muy poco de una estructura social autoritaria, ya que la comisión acabaría convirtiéndose en un gobierno o cosa parecida, lo cual negaría el principio anarquista de sus propuestas.
Los anarco-comunistas elaboraron sus teorías partiendo precisamente de la necesidad de crear una estructura antiautoritaria, es decir, una organización social en la cual no hubiera necesidad de crear superestructuras y las únicas organizaciones fueran las absolutamente imprescindibles para subvenir a las necesidades de la colectividad. Partiendo, pues, del anarco-colectivismo llegaron a la conclusión que la única forma de resolver el problema era la socialización de la distribución. Mediante la fórmula a cada cual según sus necesidades se impedía la creación de organismos que estuvieran por encima de aquellos creados para la producción.
La principal objeción de los colectivistas a estas teorías radicaba en su negativa a considerar el espontaneísmo como una forma de organización válida para estructurar las relaciones sociales. Argüían que la falta de estímulo de los individuos para dedicarse al trabajo haría que la producción se paralizase y se generalizase de ese modo la miseria, con el consiguiente peligro de volver de nuevo al estado anterior.
En España, el único modo de salir del atolladero, ya que un entendimiento manteniendo cada cual sus posiciones era imposible, fue el acuerdo de participar todos en la acción anarquista independientemente de la finalidad económica que cada cual sostuviese o apoyase. A esta fórmula se le denominó anarquismo sin adjetivos. Son muchos los que creen que no hubo un período de mayor entrega y eficacia intelectual para el anarquismo español que el de esos años de 1886 a 1893.
La Organización Anarquista de la Región Española (O.A.R.E.)
El 25 de noviembre de 1885 murió Alfonso XII, siendo su mujer María Cristina, que se hallaba embarazada de un hijo que nacería póstumo (Alfonso XIII), quien asumiera la regencia y consolidara el sistema de la Restauración. Fue durante los primeros años de la regencia, el 30 de junio de 1887, cuando finalmente se promulgó la Ley de Asociaciones que formalizaba la situación de la FTRE. Esta ley era muy restrictiva, ya que los requisitos que se exigían colocaba a cualquier asociación atada de pies y manos a la autoridad civil.
Razón de más para que en el V Congreso de Valencia de octubre de 1888 se disolviera la FTRE y se fundara la Organización Anarquista de la Región Española, heredera (en el terreno político-social) de esta. La OARE acordó apoyar en sus luchas contra el capital a la otra organización previamente creada, la Federación de Resistencia al Capital, siempre que tales luchas tuvieran un carácter revolucionario.
Paralelamente, los disidentes de la Nueva Federación Madrileña de la FRE desaparecida en 1873, los simpatizantes de Lafargue y de Engel, que ya habían fundado en 1878 el PSOE, crearon en 1888 la Unión General de Trabajadores (UGT).
La progresiva desorganización del movimiento obrero español a partir de la disolución de la FTRE en 1888, fue momentáneamente detenida por la muerte del monarca y sobre todo la confluencia internacional en la celebración de los Primeros de mayo. Esto dio un nuevo impulso al movimiento obrero anarquista, especialmente en Cataluña.
En España, al igual que en el resto de Europa, el primer Primero de Mayo se celebró en 1890, decidido en el congreso obrero internacional de París del año anterior y con una petición común: la jornada laboral de 8 horas. Las tácticas socialistas y anarquistas se dividieron casi de inmediato. Mientras los primeros abogaban por una masiva manifestación obrera, seguida de un pliego de peticiones al gobierno, para apoyar la reducción de la jornada de trabajo, los segundos apoyaron decididamente la huelga general, como único medio de conseguir la jornada de ocho horas. Todos los periódicos anarquistas se pusieron sin reservas del lado de la huelga, que alcanzó especial virulencia. Como consecuencia, muchos periódicos serían suspendidos.
El Pacto de Unión y Solidaridad (también llamado Federación de Resistencia al Capital), heredero de la FTRE en el terreno económio, celebró un congreso en 1891 y se conocen referencias del mismo hasta 1893. En realidad, el Pacto de Unión y Solidaridad logró reunir escasas fuerzas. La celebración de los Primeros de Mayo siguieron la misma tónica del primero hasta ese mismo año, en que es visible la decadencia. La represión que sobrevino tras los atentados de la última década del siglo, dificultó los intentos de reorganización.
La OARE, sus componentes, muchos inmersos en la propaganda por el hecho, continuaron su labor desde la clandestinidad ya que con la Ley de Asociaciones se estableció además una especial vigilancia sobre las sociedades anarquistas.
En enero de 1892 tuvo lugar la famosa insurrección campesina de Jerez de la Frontera, en la que más de cuatro mil campesinos tomaron por asalto la ciudad al grito de «Viva la anarquía». Por estos sucesos fueron condenados a muerte y ejecutados cuatro campesinos y otros dieciocho acusados fueron sentenciados a cadena perpetua y otras fuertes penas. Además, el célebre Fermín Salvochea, que estaba en la cárcel de Cádiz cuando se desarrollaron los sucesos, fue hecho responsable del levantamiento y condenado a doce años de presidio.
A raíz de los sucesos de Jerez el gobierno llevó a cabo una serie de investigaciones para disolver el mayor número posible de agrupaciones anarquistas, apoyándose en la presunción de ser contrarias a la moral pública, es decir «por sus acuerdos, por sus actos o manifestaciones».
En la última década se sucedieron los atentados a manos de anarquistas. Entre estos podemos citar los atentados en los locales del Fomento de Trabajo y a Martínez Campos (responsable de la represión llevada a cabo en las revueltas cantonales de Almansa y Valencia y autor del pronunciamento que trajo la Restauración). Pero el más sonado de todos fue sin duda el de Santiago Salvador, quien, el 7 de noviembre de 1893, arrojó una bomba en el Teatro Liceo con el objetivo de acabar con lo más selecto de la burguesía barcelonesa. El atentado causó 20 muertos.
La dinamita en España». Periódico francés de la época.
La práctica organizativa anterior había convulsionado los medios anarquistas impulsándolos hacía prácticas mucho más espontaneístas que golpeasen de forma contundente la estructura de la sociedad capitalista. Se formaron por todo el pais numerosos grupos de acción, algunos incluso con sus propios órganos de prensa, los cuales por la precariedad en las condiciones materiales en que se encontraban, generalmente aislados, eran indefectiblemente efímeros.
Se trataba en definitiva de combinar todas las formas de lucha posible tratando de crear una estructura lo suficientemente flexible para que pudiese hacer frente a la represión del estado que indefectiblemente llegaría en cuanto éste se viera amenazado. Suponían de una ingenuidad rayana en la estupidez el esperar algún resultado positivo por la vía de la legalidad como ya se había demostrado en la década anterior.
Pero a pesar de su aparente escasa incidencia social, parece que llegaron a adquirir una gran relevancia, porque los escasos atentados que se produjeron no pueden explicar la barbarie gubernamental. Sólo la preocupación causada por la proliferación de estos grupos puede dar cuenta de la brutal represión que se abatió sobre el anarquismo en estos años finiseculares.
Dada la estructura organizativa de la OARE de la que estaban excluidos los congresos; sin desarrollo -ni en la teoría ni en la práctica- de una coordinación de grupos que favoreciera e impulsara nuevas formas de organización, éstas se basaban, principalmente, en las relaciones que se establecían de forma espontánea sin criterios ni objetivos definidos. En estas condiciones, el periódico debía desempeñar un rol de primer orden en el establecimiento de una estructura coherente, aunque fuera a un nivel muy elemental. Pero al mismo tiempo la fragilidad del medio periodístico anarquista en aquellos años lo hacían aún mucho más vulnerable a las denuncias y a los secuestros.
Un endurecimiento de la represión aún mayor estaría por llegar. Primero con la ley de 10 de julio de 1894 que establecía la pena de muerte para los terroristas y la disolución de «las asociaciones en que de cualquier forma se facilita la comisión de los delitos comprendidos en esta ley«. Y luego con la transferencia a la jurisdicción militar de la competencia en casos de terrorismo y la ley del 2 de septiembre de 1896 que autorizaba al gobierno a suprimir periódicos y centros anarquistas o bien a desterrar a los que propagasen estas ideas.
Uno de los efectos más importantes fueron las condenas que sufrieron los encartados en el llamado «Proceso de Montjuïc». Algunos fueron condenados a muerte o a fuertes penas de prisión y otros fueron desterrados (por ejemplo, Federico Urales a Inglaterra y Fernando Tarrida a Francia).
El 7 de junio de 1896 tuvo lugar otro atentado con mucha repercusión, esta vez contra la procesión del Corpus en la calle de Canvis Nous, Barcelona, y que provocó 12 muertos y unos 35 heridos. Fueron detenidas unas 400 personas entre los que se encontraban personajes destacados como José López Montenegro, Joan Montseny (Federico Urales), Anselmo Lorenzo, Josep Llunas i Pujals o Teresa Claramunt. Todos fueron recluidos en el Castillo de Montjuic, siendo incluidos en el proceso militar 87 personas.
Diez personas fueron condenadas a veinte años de prisión, once sufrieon penas ligeramente infeirores y cinco fueron condenadas a muerte y ejecutadas el 3 de mayo de 1897. Los 63 absueltos del proceso fueron desterrados.
Fusilamiento de anarquistas en el Castillo de Montjuic. 3 de Mayo de 1897.
La represión no amedrantó a los partidarios de acciones individuales.
Se llevó a cabo una intensa campaña internacional de apoyo a los procesados y por la revisión del juicio. Aunque al principio la prensa aceptó la versión oficial y colaboró en la conspiración de silencio que envolvía las torturas a que eran sometidos los detenidos, pronto algunos periódicos comenzaron a manifestar sus dudas en torno a los procedimientos seguidos para arrancar la confesión de los detenidos. En esta campaña comenzó a destacarse el órgano republicano dirigido por Alejandro Lerroux, «El País», en el que también participó de forma destacada Federico Urales.
El 8 de agosto de 1897, Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, fue asesinado de tres disparos por el anarquista italiano Michele Angiolillo. Cánovas, que era partidario del esclavismo, fue además el mayor artífice del sistema político de la Restauración que durante décadas ahogó a la clase trabajadora del pais. Pero, según declararía Angiolillo en el momento de su detención, el motivo fue la venganza por las muertes y malos tratos contra los anarquistas presos en el castillo de Montjuic. A raiz de este atentado Sagasta permitió el regreso de los desterrados y, a comienzos de enero de 1901, dictó el indulto de los que permanecían en prisión.
Ejecución de Cánovas del Castillo. Balneario de Santa Águeda. 8 de agosto de 1897.
Es entonces solamente cuando, por diferentes iniciativas, fue comenzada una reorganización sindical en España, iniciada por un congreso anarquista celebrado en Madrid en octubre de 1900, que fundó la Federación de Sociedades Obreras de Resistencia de la Región Española (FSORE), continuando así la obra del Pacto de Unión y Solidaridad descendiente de la FTRE. Pronto, los acontecimientos que traerían los años venideros supondrían un punto de inflexión en la historia del anarquismo y del movimiento obrero español.