Una conductora de autobuses reconoce abiertamente su homosexualidad y es despedida fulminantemente. Cualquiera diría que esta noticia se corresponde con uno de esos lejanos países a los que asociamos con sistemáticas violaciones a las libertades, pero no. Es una noticia ocurrida en el Estado español hace menos de un año, aunque pudiera parecer de la época en la que a las personas homosexuales se les aplicaba la ley de vagos y maleantes.
De hecho, no se trata de un caso aislado. Según una investigación de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales que se publicó en mayo de 2013 y en la que se entrevistó a 93.000 personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero*, un 20% de quienes habían estado trabajando o buscando empleo durante el último año, sufrieron algún tipo de discriminación por su orientación sexual.
Esta situación se agrava además en el contexto de las sucesivas reformas laborales que han ido abaratando y facilitando el despido. Una situación que precariza y empobrece doblemente a quien, además de pertenecer a la clase trabajadora, no cumple con la heteronorma todavía ampliamente impuesta en muchos ámbitos de nuestra sociedad.
Es por ello que todo sindicato o movimiento social que luche por los derechos de la clase trabajadora no puede dejar de prestar una atención especial a aquellas personas que, en pleno siglo XXI, siguen teniendo una orientación sexual inaceptable para quien ostenta los medios de producción.
Federación Local de Valencia
Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
*Ignoramos si intersexuales o queer quedaron fuera del estudio o, como de costumbre, simplemente se las invisibilizó al asimilarlas dentro de los grupos LGTB.
