DENUNCIA DE LA CNT-AIT CONTRA EL FRANQUISMO-Parte general-18-12-12.pdf
La Confederación Nacional del Trabajo presenta el miércoles 19 de diciembre en Argentina denuncia contra los crímenes del franquismo, dentro del proceso que se tramita en ese país contra el genocidio cometido por el régimen desde 1936 hasta 1977. De este modo la CNT-AIT se suma a las acciones emprendidas ante los juzgados argentinos por parte de familiares de asesinados y desaparecidos, asociaciones de recuperación de la memoria histórica y demás entidades personadas en el procedimiento.
La CNT pretende así sacar a la luz la represión sufrida por la organización y el Movimiento Libertario desde el golpe militar del 18 de julio de 1936 hasta la promulgación de la ley de amnistía de 1977, una ley que pretende pasar página a los más de 40 años de un régimen instaurado por la fuerza y basado en la violencia física y social. Su máximo dirigente y ejecutor, el general Francisco Franco, contó para ello con la colaboración de diferentes sectores militares, financieros, políticos y eclesiásticos católicos, todos ellos implicados en la autoría y dirección del golpe.
La CNT entiende que esa Ley de Amnistía incumple de modo flagrante la normativa internacional, especialmente en lo que atañe a los capítulos de genocidio y desaparición forzada. Coincide en ello con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió formalmente el pasado 10 de febrero su derogación al Gobierno de España, por entender que incumple la normativa internacional sobre Derechos Humanos e impide en particular, entre otros, el derecho de reparación.
Personada como denunciante, la central anarcosindicalista aporta miles de nombres de sus militantes represaliados por el franquismo, testimonios y declaraciones de testigos presenciales y supervivientes, así como documentación relativa al expolio e incautación de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias pertenecientes a la CNT.
A lo largo de sus trescientas páginas, la denuncia de CNT desglosa los capítulos de la represión sufrida por el anarcosindicalismo desde los primeros momentos del golpe hasta los encausados en el famoso TOP (Tribunal de Orden Público), pasando por los asesinados, desaparecidos y torturados, los campos de concentración, los batallones de trabajo y las fosas comunes que el estado español sigue aún sin reconocer y dignificar.
La CNT-AIT proclama pública y enérgicamente frente a un olvido cómplice, su deseo e interés por poner de manifiesto y difundir el desastre que supuso la instauración del franquismo, así como los desgarradores impactos que generó a la organización confederal ser cebo preferente de la acción represiva de dicho régimen totalitario durante decenios. Un balance objetivo de lo relatado, transcurridos ya casi tres cuartos de siglo del golpe militar y una vez consultada la numerosa bibliografía especializada sobre la Guerra Civil española, arroja las siguientes dramáticas cifras, algunas de ellas basadas incluso en fuentes oficiales del gobierno franquista: 50.000 fusilados, 73.000 asesinados en retaguardia, 30.000 desaparecidos, 500.000 internos en campos de concentración, 10.000 fallecidos en campos de concentración, 300.000 encarcelados y un número indeterminado de violaciones, raptos y robo de niños.
Los inductores y responsables directos del golpe planearon con detalle no sólo el push militar, si no una verdadera estrategia de terror que quedó plasmada en diferentes documentos ideológicos, estratégicos y tácticos que la CNT cita en su denuncia. En la misma se exponen datos sustanciales corroborados tanto oral como documentalmente por parte de investigadores de la propia CNT-AIT, profesores universitarios y publicaciones al efecto realizadas por grupos de investigación de memoria histórica, en las que se han barajado documentos oficiales, declaraciones personales e informaciones procedentes de represaliados y familiares, que muchas veces ni constan en el corpus legal ni en los registros de la propia administración.
El informe no es ni pretende ser exhaustivo en este punto, pero si es fiel reflejo y traza indicativa de la realidad que ocurrió en todo el territorio español. Por ello se ha optado por presentar series estadísticas de la represión a miembros de la CNT-AIT y movimiento libertario, en diferentes provincias o regiones muy significadas desde el primer momento del golpe militar por la virulencia de su actuación, proceso en el que destaca la indefensión jurídica de los encausados, el violento maltrato y segregación del que fueron objeto ellos y sus familiares, la ocultación de la llamada represión directa con asesinatos sin previo juicio, los llamados “paseos” o asesinatos indiscriminados por parte de los cuerpos policiales y militantes extremistas de Falange o Requetés, las “sacas” de las cárceles para proceder al asesinato de presos mediante falsas liberaciones o la “ley de fugas”, multas e incautación de bienes y enajenación del patrimonio sindical, generándose así un estado de terror y miedo entre la población, a la que se le ocultó la existencia de numerosos fosas que hoy día siguen aflorando en un mapa que afecta a todo el país. Una parte significativa de dichas fosas, cunetas, cuevas, minas, desfiladeros, etc., en los que fueron abandonados los cuerpos de muchos de los represaliados siguen sin ser catalogadas ni mucho menos exhumadas, pese a existir una inoperante Ley de Memoria Histórica promulgada el 31 de octubre de 2007, que obliga en la práctica a familiares, entidades afectadas y grupos de memoria histórica a buscar por su cuenta recursos para proceder a la exhumación de los restos, contando en muchos ocasiones con una mínima colaboración judicial para permitir las mismas.
En los casos en los que ha sido posible, con una fiabilidad estimada superior al 95 %, la información contenida sobre represaliados ha sido verificada con índices onomásticos de la Causa General, del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, de la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, del Juzgado Especial de Peligrosidad Social y del Ministerio de Justicia-Dirección General de Prisiones, complementándose con el cotejo de los informes de defunciones procedentes de Registros Civiles y libros de defunciones de cementerios.
La represión ocurrida de 1966 a 1977 puede cotejarse a nivel judicial con la documentación del Tribunal de Orden Público T.O.P. (creado el 2 de diciembre de 1963 y disuelto el 4 de enero de 1977), aunque aquí la dificultad es mayor, ya que la administración al existir encausados con vida, entorpece mucho su consulta. Parte sustancial de la investigación de este período está por hacer, ya que los plazos legales en muchos casos aún no han transcurrido, aunque muchos familiares de los represaliados en segunda, tercera o incluso cuarta generación así lo estén demandando desde hace tiempo. Fueron años en los que el Estado demostró una gran pericia en la infiltración en unos medios confederales muy debilitados tras la guerra y la posguerra, tanto como en prácticas de intoxicación y desprestigio del Sindicato, previas a procesos de escisión auspiciados desde instancias del poder a cuyo frente se encontraba, entre otros, el que fue ministro franquista de Interior Rodolfo Martín Villa, que destacó por ostentar altos cargos dentro del régimen como Ministro de Relaciones Laborales, Procurador en Cortes o Jefe Provincial del Movimiento de Barcelona.
En cuanto al expolio de los bienes del patrimonio sindical, reflejo del esfuerzo de sus militantes por crear una red de sedes sindicales, cooperativas, ateneos libertarios, escuelas racionalistas, colectividades económicas, comedores, etc., la CNT-AIT sigue reivindicando al Estado español un volumen significativo del mismo, parte del cual fue enajenado violentamente por el franquismo.
La CNT-AIT como organización sindical emblemática dentro de la clase obrera española en el momento del golpe militar y predominante en el espectro laboral en muchas provincias, contaba con cerca de 1.700.000 afiliados, cifra que luego durante el conflicto civil creció con la suma de nuevos adherentes. Dicha posición sumada a sus tradicionales planteamientos de defensa del trabajador, del desfavorecido, del apoyo mutuo y del internacionalismo, determinó ser objeto de un ataque selectivo y deliberado por parte de los grupos más reaccionarios procedentes del estamento político, militar o religioso, teniendo continuidad dicha actuación hasta incluso concluida la denominada “transición política” al actual modelo de monarquía parlamentaria, en los años ochenta del siglo precedente.
Cumple decir con orgullo y tristeza que una buena parte de las cifras indicadas está nutrida con miembros de la CNT-AIT, que la propia organización estima en una cifra no inferior a un tercio de los fusilados, asesinados, desaparecidos, prisioneros y encarcelados por el régimen franquista. Las dificultades, pasadas y actuales, en el acceso a fuentes de información relativas a la represión del régimen franquista, junto al desinterés e indolencia cuando no desidia del Estado español en afrontar un proceso de memoria histórica que reivindique el reconocimiento y buen nombre de todos los represaliados, se presenta como una labor urgente a realizar.
La CNT trata ahora de intensificar las acciones para conseguirlo promoviendo la mayor difusión posible acerca de la represión durante el franquismo, de modo que las generaciones futuras bien informadas de lo ocurrido puedan rechazar ese tipo de planteamientos de barbarie. La Confederación pretende estudiar en profundidad y poner de relieve los impactos de la represión franquista, hasta ahora nada bien conocidos en su integridad, recuperar la verdadera memoria de todos los que dieron su esfuerzo y su vida por la libertad, impedir la tergiversación de la historia real, recuperar el buen nombre de unas víctimas olvidadas muchas veces anónimas y destacar el ejemplo desinteresado de todos los confederales y libertarios en general que se opusieron a la dictadura. Nuestros objetivos no pueden ser otros que romper el miedo que todavía se encuentra asentado en la sociedad española en relación con la memoria histórica, quebrar los múltiples obstáculos que desde la administración se ponen a la investigación en dicha temática y difundir entre la población, especialmente entre las nuevas generaciones, el magnífico y generoso esfuerzo que realizaron aquellos que lucharon por un futuro libre de tiranías.
Secretaría de Cultura
Secretariado Permanente del Comité Confederal
La vida de un joven de 21 años se consume entre los barrotes de una prisión. Alfonso Fernández salió de su casa el pasado 14 de noviembre para ir junto a su novia a uno de los piquetes de su barrio, Vallekas. A escasos metros de su domicilio fueron detenidos y llevados directamente a la Brigada de información, donde sufrieron interminables interrogatorios extrajudiciales por parte de varios policías encapuchados que no pararon de amenazar, utilizando incluso posibles consecuencias contra su familia, novia y amigos con el fin de buscar información o una autoinculpación de un delito que no han cometido. Ambos son acusados de tenencia de explosivos, delito para el que el artículo 568 del Código Penal establece penas de 4 a 8 años. Al margen de las contradicciones y diferentes versiones policiales para demostrar que portaban algo que en realidad nunca llevaron encima, en el material explosivo que supuestamente les requisaron no han encontrado ni una sola huella de ninguno de los dos detenidos, como ratificó el propio fiscal ante el juez, y eso que fueron muchas y minuciosas las pruebas que realizaron. Tampoco encontraron nada que sostenga esta acusación en los registros a ambos domicilios, en los que la Brigada de Información, siempre encapuchados, volvió a atosigar a las familias, como si no tuvieran bastante con ver a sus hijos tratados como verdaderos terroristas.
