La CAS-PV (Coordinadora Asamblearia Antiprivatización de la Sanidad del País Valenciano) ha convocado una manifestación este próximo sábado 6 de octubre, en defensa de la sanidad y el conjunto de los servicios públicos. La marcha saldrá a las 18:30h de la plaza San Agustín de Valencia.

CNT-Valencia, como Sindicato convocante y organización que apoya a la CAS-PV, asistirá a la manifestación y hace un llamamiento a la participación masiva.

La convocatoria se extiende a diferentes países de europa, y en el estado español ha sido coordinada por la RAAS (Red Autogestionaria Antiprivatización de la Sanidad).

Hace ya décadas que la sanidad es uno de los principales caballos de batalla del neoliberalismo, que ve en este servicio público uno de sus mayores oportunidades de negocio -junto al de las pensiones-y al que por tanto, no cesa de atacar con todos los medios a su alcance. Los recortes que vemos hoy en la sanidad pública a todos los niveles responden a esa misma consigna, aunque eso sí, “justificados” por la crisis económica que “obliga” a reducir las dotaciones presupuestarias en este capítulo.

Desde el punto de vista de CNT, la sanidad representa uno de los principales bienes sociales, que no puede hurtarse, regatearse o venderse a ninguna persona sea cual sea su situación social o económica y que tampoco puede estar al servicio de intereses privados de ningún tipo, ni ser convertida en negocio, ni depender de los intereses de la industria tecnológica ni farmacéutica, como actualmente está ocurriendo. Exponemos a continuación algunos de los principios fundamentales que a nuestro juicio deberían regir la sanidad y la salud públicas.

1. Reafirmación del carácter universal de la sanidad

El carácter universal e igualitario del acceso a los servicios sanitarios debe ser reafirmado más que nunca en estos momentos de crisis económica. Porque, a pesar de que así lo establezcan las leyes, si se comienza a reducir prestaciones, abierta o soterradamente, y a permitir el acceso a la sanidad según el nivel de renta, como está haciendo y pretende seguir haciendo el gobierno, lo que se está haciendo es limitar los principios de universalidad e igualdad en el acceso a la sanidad que amparan a este derecho fundamental.

No podemos tolerar que mientras el dinero de todos se está tirando, entre otras cosas, en gastos militares, mantenimiento de burocracias estériles y entes políticos de toda índole, los ciudadanos con menos posibilidades económicas -y que por tanto tienen vedado el acceso a la sanidad privada- se vean obligados a prescindir de la asistencia sanitaria por carecer de recursos, algo que ocurrirá necesariamente si se pone precio a esa asistencia.

Del mismo modo, es inaceptable cualquier limitación del acceso a la sanidad pública a personas pertenecientes a ciertos colectivos, como son los inmigrantes (sea cual su situación legal) o las personas jubiladas, a los que se acusa de “no aportar” al sostenimiento del sistema sanitario y a los que se ve como una carga para el mismo. La sanidad se sufraga a través de los impuestos indirectos, es decir, aquellos que gravan el consumo, por lo que cualquier persona que habite en cualquier territorio del estado está contribuyendo a la financiación de la sanidad en cada compra que realice. Y por tanto, tiene el mismo derecho que cualquier otra a acceder en las mismas condiciones a las mismas prestaciones.

2. Rechazo a la mercantilización de la sanidad y a las privatizaciones

En tanto que los servicios sanitarios no puedan ser autogestionados por sus trabajadores, su financiación debe proveerse con fondos públicos y los trabajadores que los prestan deben ser empleados públicos.

Desde la CNT rechazamos la intrusión de la empresa privada en la sanidad pública, una práctica fomentada por todos los gobiernos, sean del color que sean. En primer lugar porque se mercantiliza su prestación y se hace depender de una relación coste-beneficio inaceptable en un servicio público; y en segundo lugar porque en absoluto es cierto que esas privatizaciones generen ningún ahorro a la administración ni tampoco mejoras en la gestión del servicio, ni en la calidad de los mismos, sino que son fuente de trabajo precario y de corrupción frecuente, como venimos diciendo desde hace ya muchos años.

Estas privatizaciones de servicios públicos, que pueden ir desde la construcción de hospitales a gestión de ambulatorios, permiten además al estado reducir la cifra oficial de déficit -que no el gasto total que suponen- de forma artificial, ya que en determinadas condiciones, la deuda de la administración con estas empresas privadas no se computa como déficit.

La irrupción de capital privado no se realiza en pos de un mayor bienestar social, sino para la obtención de un beneficio que se extrae de los mayores costes que supone para las administraciones y de un empeoramiento de las condiciones en que se presta, a pesar de la inmensa propaganda en sentido contrario con que nos bombardean tanto el estado como las empresas.

3. Rechazo a los recortes de servicios y prestaciones

En la situación actual, en que cada vez más personas ven reducidos o suprimidos sus recursos por el paro y la bajada de salarios, es inaceptable que se recorten las prestaciones de la sanidad pública. España es uno de los países de la Unión Europea que menos fondos destina a gastos sociales (sólo por delante de Grecia, Irlanda, Portugal, Rep. Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría). Diversos estudios demuestran que una reducción de la cantidad destinada a servicios sociosanitarios, traerá al país que la ponga en marcha aumentos en su tasa de mortalidad, en problemas relacionados con la dependencia a drogas legales y no legales, así como de la prevalencia enfermedades infecciosas o de los suicidios.

Este menor gasto público sanitario redunda, además, en que se ofrecen menos servicios que en los países que destinan más fondos a la protección de la salud. Por tanto, en España, los ciudadanos tenemos que gastar más dinero de nuestro bolsillo a pagar aquellas prestaciones que no son facilitadas por el sistema público, algo curiosamente silenciado por los medios de comunicación.

4. Rechazo a cualquier reducción de personal sanitario

Desde la CNT también nos oponemos frontalmente a otra de las vías de recorte que el gobierno pretende practicar: la reducción del personal sanitario. De hecho, ya lo está haciendo a través de la congelación de las tasas de reposición de vacantes, lo que hará en un futuro muy próximo la prestación del servicio se efectúe en condiciones cada vez peores, de mayor presión para los trabajadores y por tanto con menores garantías para los usuarios.

5. Rechazo al repago (conocido como copago) y al aumento del coste de los medicamentos

Desde CNT nos posicionamos en contra de re-pago de los medicamentos por parte de las personas jubiladas y del aumento de su precio para las personas en activo, porque como hemos dicho, estas personas ya están pagando los servicios sanitarios. Con esta medida, este segundo pago se hace recaer sobre aquellos que utilizan directamente el servicio, por lo que habrá quienes vean limitadas sus posibilidades de acceder a medicamentos necesarios. Si el 60% del gasto total en medicamentos lo consumen los mayores de 65 años, es fácil suponer quien va a sufragar esta medida.

Además, el complicado sistema que es necesario poner en marcha para cobrar este recargo, hace dudar de que su alcance vaya a tener una relevancia en forma de ingresos netos, más allá de aumentar la burocracia y resultar vistoso de cara a la galería.

Finalmente, la falacia sostenida por el gobierno y los medios de que esta medida va dirigida contra el abuso de medicamentos es insostenible, ya que son los médicos, y no los pacientes, quiénes deciden que tratamiento deben recibir éstos y qué deben prescribirles. No cabe por tanto, acusar a los usuarios de abuso, sino en último extremo, en enjuiciar un sistema sanitario basado en la prescripción de fármacos.

6. Una sanidad gestionada por la sociedad: por sus trabajadores y usuarios, no por gestores políticos

En la CNT creemos que sólo a través de la autogestión de los servicios públicos por parte de los trabajadores que los desempeñan se puede lograr una prestación racional de los mismos, alejada de los intereses políticos de turno y que responda verdaderamente a los intereses de sus usuarios. La increíble estructura burocrática instalada en los servicios sanitarios solo sirve para encarecerlos, desorganizarlos y hacerlos depender de intereses ajenos al propio servicio público.

Para conseguir esa autogestión, los trabajadores sanitarios organizados en sindicatos, deben tomar conciencia de sus capacidades y asumir las responsabilidades de gestión de forma asamblearia y antijerárquica, contando para ello con la participación de la sociedad en la estructura de toma de decisiones. Optimización de los recursos, participación, coordinación, distribución y métodos de trabajo compartidos y asumidos por quienes los realizan y no ordenados desde las direcciones políticas.

Este es sin duda un horizonte complejo y que necesita de la preparación y puesta en común de las ideas y perspectivas de todos los trabajadores sanitarios, pero que es necesario abordar cuanto antes desde la práctica sindical diaria y la unión de los trabajadores.

7. Una sanidad independiente de los intereses privados

La diferenciación entre la sanidad pública y la privada debe ser clara y meridiana si queremos proteger el sistema público de los ataques a los que constantemente se ve sometido. Esta independencia frente al sector privado debe concretarse en tres vías: Una, en cuanto a inversión y gestión, como ya se ha dicho; dos, en cuanto a la industria tecnológica y farmacéutica, cuyos productos y recursos deben ser utilizados solo bajo el criterio de la necesidad y no de la conveniencia de la industria; y tres, en cuanto a los profesionales, que deben elegir si prestan sus servicios en el sector público o en el privado pero no en ambos al mismo tiempo.

8. Por una visión holística de la salud frente al medicamento como única solución

Desde CNT creemos que la sanidad debe estar al servicio de un concepto integral de salud pública, que no se base en realizar tratamientos paliativos de una determinada situación de enfermedad, sino en enjuiciar y tratar de forma preventiva todos aquellos factores capaces de influir en la salud de la persona. El tratamiento sanitario no puede reducirse a la administración de medicamentos -en muchas ocasiones innecesarios-, sino que debe contemplar la forma de vida en su conjunto, los hábitos alimenticios, las condiciones de trabajo, medioambientales y sociales o biológicos, todo ello desde un punto de vista científico y profesional, no político ni propagandístico.

En este sentido es fundamental priorizar y financiar adecuadamente la atención primaria frente a costosos y complicados sistemas de diagnóstico y tratamientos, de dudoso beneficio para los pacientes, pero de claro interés para la industria que los proporciona. Del mismo modo, la inversiones en servicios sociosanitarios es primordial para conseguir evitar que las condiciones económicas y sociales determinen la salud de las personas con menos recursos.

En este sentido, también es necesario un cambio en nuestra forma de vida y en nuestra dependencia de los fármacos. Para ello es prioritario reconectar a las personas con la autogestión de su salud, con la toma de decisiones consciente sobre sus hábitos y también sobre sus formas de curación, al mismo tiempo que fomentar la toma de conciencia de los profesionales sanitarios sobre estos aspectos.

9. Una sanidad que atienda a las necesidades reales en vez de crear necesidades falsas

Creemos que los servicios sanitarios, como hemos dicho, deben primar la prevención y la atención sociosanitaria desde una perspectiva holística de la salud. En este sentido, debe romperse la tendencia seguida en las últimas décadas por la que se convierten en patologías lo que son sino procesos naturales derivados del paso del tiempo o del carácter de las personas, un proceso impulsado y dirigido por la industria farmacéutica y materializado por los médicos. A través de supuestos estudios y análisis se justifican “científicamente” auténticos absurdos, que consiguen eso sí, una población cada vez más dominada por el miedo y más dependiente de un sistema sanitario que se limita a trasladar las consignas dadas por el sector privado.

Reivindicamos por tanto, la independencia de la sanidad pública frente a los espurios intereses corporativos que la acosan. Solo gracias a esta independencia se podrán planificar un mejor aprovechamiento de los recursos centrado en las necesidades de las personas y no de las empresas o de las élites con poder económico; que potencie una atención profesional y de calidad en lugar de ser campo de batalla de los intereses políticos del momento.