La mañana del 30 de marzo nos despertamos con la noticia de redadas, patadas en la puerta y registros de Centros Sociales Autogestionados, en una escalada permanente de criminalización del movimiento anarquista. Ahora fueron 37 personas detenidas por formar parte de una supuesta organización anarquista GAC, pero desde el 2013 organización que sirve de coartada para que se vayan produciendo detenciones periódicas y tejiéndose el mensaje de la violencia y peligrosidad de cualquier organización anarquista y demovimiento okupa, asimilando sus actos al terrorismo y la lucha yihadista con la voluntad de retirarles el apoyo social.
El día anterior nos había llegado la preocupación de diversas organizaciones de derechos humanos ante la detención y criminalización el pasado día 25 de profesionales de reconocida trayectoria en el campo del trabajo en salud y derechos humanos; detenidas por el hecho de atender y acompañar a personas de todos los sectores sociales y políticos incluyendo a personas vinculadas al movimiento abertzale. Personas que estuvieron detenidas o presas o lo están aún con problemas médicos o psicológicos y familiares de personas que han estado o están presas. La información oficial de la operación Pastor, como denominaron a sus detenciones señalaba que se trataba de personas colaboradoras con ETA.
La semana anterior, el Tribunal Supremo, en el recurso por las acusaciones en “rodea el parlament”; cambió su tradicional respeto a las sentencia de la Audiencia Nacional si no encontraba elementos de juicio diferentes, para condenar a quienes habían sido absueltos por esta, modificando la doctrina que hasta ahora se había tenido en cuenta, y declarando de mayor importancia y protección el derecho de representación de quienes votan que los derechos fundamentales de expresión y manifestación, condenando a tres años de prisión a 8 de los encausados.
Y mientras tanto en las cárceles continúa la represión y la inculcación de los derechos de la población reclusa, a espaldas del resto de la sociedad, para quienes son sombras de las que apenas si les llega el ruido del gasto generado al estado su mantenimiento 107 días de huelga y el internamiento del recluso Javier guerrero Carvajal no ha merecido ni una sola línea en los medios de comunicación, solo las organizaciones en defensa de los presos y presas se han ido haciendo eco de la evolución de la huelga de hambre comenzada por varios reclusos reivindicando el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios; centros en los que a pesar de ser uno de los países con menor índice de criminalidad en Europa, van a parar mayor número de personas, adocenadas y en manos de un Estado represor que oprime y ejerce su violencia con mayor fuerza en aquellos que pretenden vivir con dignidad, incluso en las cárceles.
Solidaridad con los presos en lucha
Solidaridad con los compañeros detenidos
