La Confederación Nacional del Trabajo considera que tanto la empresa Campofrío como la cooperativa Servicarne podrían haber actuado con engaño, coacciones, amenazas y abuso de la situación de necesidad con la finalidad de imponer condiciones laborales perjudiciales para los trabajadores y trabajadoras a través de una sociedad interpuesta.

El Gabinete Jurídico Confederal de la CNT ha presentado una querella criminal en los Juzgados de lo Penal de Torrent (València) por entender que Campofrío –con la complicidad de Servicarne- habría utilizado el engaño, la coacción y las amenazas para que los socios/as- trabajadores/as se vieran obligados/as a aceptar unas determinadas condiciones de trabajo y constituir una sociedad interpuesta (Sociedad Limitada Laboral) desde la que seguir
utilizando la mano de obra de forma fraudulenta.

Campofrío rescindió el año pasado el contrato de prestación de servicios que mantenía con Servicarne en su planta de Torrent. La empresa podría haberse aprovechado de la situación de necesidad en la que se encuentran los trabajadores/as y la incertidumbre generada a raíz de las investigaciones en curso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que mantiene en el punto de mira a Servicarne y que ha sido declarada como una ‘falsa cooperativa’. CNT entiende que Campofrío se anticipó a la publicación de la resolución de la Inspección para evitar hacerse cargo y contratar por cuenta ajena a los/las más del centenar de cooperativistas.

La central sindical tiene indicios de que en el proceso de  asesoramiento para la creación de la sociedad interpuesta también han participado delegados/as del comité de empresa de Campofrío, así como una empresa gestora colaboradora. CNT se ha querellado contra los posibles autores/as y cómplices de lo que entiende que podrían constituir varios delitos, entre los que se encuentran los/as máximos responsables de Recursos Humanos de Campofrío, su Consejo de Administración y el Consejo Rector de Servicarne.

El delito contra los derechos de los trabajadores/as se trata de una acción tipificada en el código penal, que puede conllevar penas de seis meses a seis años de prisión y multa de seis a doce meses.

El Sindicato tiene constancia de que otras empresas del sector  -alguna en el propio municipio de Torrent- pretenderían seguir su ejemplo y forzar a los trabajadores/as a crear una sociedad interpuesta utilizando la cesión ilegal en sus centros de trabajo. CNT advierte que estará vigilante y que ante cualquier movimiento extraño iniciará todas las acciones judiciales que considere necesarias para que se respeten los derechos de los trabajadores/as.

Sector Agroalimentario
Confederación Nacional del Trabajo (CNT)