CNT-Valencia convoca al acto homenaje a los/as represaliados/as por el franquismo organizado por el Fòrum per la Memòria del País Valencià y que tendrá lugar en el cementerio de Valencia el domingo 21 de abril a las 12 horas.

Verdad. Justícia. Reparación

Un año más estamos aquí para reivindicar la Verdad, la Justicia y la Reparación que, a 37 años de muerto el genocida Franco, se sigue negando a las víctimas del exterminio franquista, por esta “democracia” producto de los Pactos de la Transición. Pactos hechos por la propia Falange Española, la Iglesia Católica i resto de las organizaciones franquistas, que contó con la complicidad del PSOE, PC-IU y sus sindicatos, CCOO y UGT. Transición que fue extremadamente beneficiosa y conveniente para los franquistas, ya que blindó su impunidad exhimiendoles de pagar por los crímenes cometidos y consolidó sus intereses económicos, pero que al resto solo nos trajo corrupción, desgracias y represión.

Año tras año, vemos con impotencia y desesperación como se destruyen y se ocultan las pruebas del genocidio. Por una parte, la destrucción de la documentación que implicaba en el exterminio a la Iglesia Católica, Falange Española y empresas que explotaron hasta la muerte a presas y presos revolucionarios y republicanos con los trabajos forzados.

Por otra parte, la destrucción y saqueo de las otras pruebas, las fosas comunes, con las llamadas “exhumaciones administrativas”, una excepción solo vigente en el estado español, realizadas para eludir la investigación de los crímenes y el señalamiento de las responsabilidades de los culpables, ya que implican la manipulación de los restos de los asesinados sin las garantías de un protocolo policial, judicial y forense. Las exhumaciones son imprescindibles para investigar el genocidio y hacer justicia a las víctimas, pero han de hacerse, para que no se pierdan las pruebas, de acuerdo con la legislación vigente, como se hace en el resto del mundo: personándose el Juzgado y con la intervención del Instituto de Medicina Legal.

Además, alrededor de estas “exhumaciones administrativas” han surgido empresas y profesionales privados destinatarios finales de las subvenciones, que las realizan sin tan siquiera aplicar un protocolo oficialmente aprobado, y sin respetar muchas veces la intimidad de las víctimas, publicando y exhibiendo imágenes de sus restos sin ningún miramiento.

Pero todo hace indicar que la destrucción de la documentación y de las pruebas, y la negación de los derechos de las víctimas a una investigación que desvele la verdad y repare minimamente la exclusión histórica, no son suficiente para ellos. Tenemos que asistir, además, al espectáculo de ver como por todos los medios intentan cerrar en falso los crímenes franquistas, creando las “Comisiones de la Verdad”, diseñadas por el poder, que allí donde las han creado, Argentina, Sudáfrica, Guatemala y otros países que han padecido dictaduras, nunca han servido para hacer justicia a las víctimas pero sí para que los verdugos no tengan que responder por sus crímenes.

Igualmente hemos de asistir a los intentos de que los crímenes del franquismo se juzguen en países que no tienen jurisdicción en el estado español, por lo cual, sus resoluciones y sentencias no pueden ser de aplicación. Es el caso de la llamada “querella argentina”, que no contempla juzgar todos los crímenes del genocidio, al dejar excluidos a cuantos murieron como consecuencia de las brutales medidas económicas, sociales y políticas que el franquismo impuso a la población que perdió la guerra; es decir muertos por el hambre y la sed, por enfermedades no asistidas y epidemias, por falta de vivienda y por falta de salubridad entre otras.

Esta querella está en manos de la jueza Maria Servini de Cubría, con fuertes vinculaciones con el periodo más oscuro y brutal de la dictadura argentina, durante la cual también era jueza, siendo presidente Videla y Ministro de la Marina Massera, los dos condenados por genocidio, casada a su vez con um militar de alta graduación, también de Videla, identificado como represor. Su nombramiento como titular del estratégico Juzgado Federal nº 1 de Buenos Aires, por el ex presidente Carlos Menem, fue muy contestado en Argentina a causa de su actuación como jueza colaboradora de la dictadura.

Llama la atención que esta querella esté apoyada en el estado español por entidades y asociaciones vinculadas a partidos políticos como el PSOE, PCE y IU, votantes de las dos leyes de Punto Final en el parlamento español, la Ley de Amnistía de 1977 y la de la Memoria Histórica de 2007 que impiden investigar y juzgar los crímenes del franquismo en el estado español.

Está claro que las autoridades e instituciones españolas hacen lo imposible para que la verdad permanezca oculta para siempre y que no se conozca el verdadero alcance del genocidio, tanto en Valencia como en todo el estado. Es el peso de los apellidos de los descendientes de los franquistas y de sus intereses económicos, presentes, hoy como siempre, desde la muerte de Franco, en las más altas instancias del poder. Es la realidad de un sistema continuador del franquismo y que nunca lo condenó, con un jefe del estado, el rey de España, elegido directamente por el genocida. sistema en el que hacer apología del franquismo y despreciar la memoria de las víctimas son parte de sus libertades.

Por todo ello, los y las firmantes de este manifiesto EXIGIMOS:

 No a los intentos de cerrar en falso los crímenes del franquismo. Anulación de las leyes de Amnistía de 1977 y de la Memomia Histórica de 2007, verdaderas leyes de punto final que impiden investigar y juzgar los crímenes del franquismo.

 No a las “exhumaciones administrativas” que destruyen las pruebas del genocidio.

 Exhumaciones judiciales de acuerdo con la legislación vigente con la aplicación de los protocolos policial, judicial y forense.

 Que se investigue el verdadero alcance del robo, secuestro y venta de criaturas desde 1940 hasta 1960, es decir, a las afectadas por la ley Vallejo Nájera y que se exijan a las entidades implicadas las responsabilidades penales, económicas y administrativas previstas por la ley.

 La retirada del monolito instalado sobre la fosa comun de la Sección 7ª Dereccha, homenaje a los fascistas, que equipara a los verdugos con la víctimas, erigido para recordarnos que los ganadores de hace más de 70 años, nos siguen ordenando en todos los sentidos.